El gobernador autorizó a los vigiladores privados a portar pistolas Taser, desatando un peligroso precedente de militarización y control privado. ¿Estamos ante un modelo autoritario anti derechos?

El gobernador de Mendoza firmó el decreto 264, que habilita a los vigiladores privados a portar pistolas Taser, bastones y gas pimienta. Asimismo, el plan de Cornejo incluye la creación de un Registro Provincial de Prestadores de Seguridad Privada, así como capacitaciones obligatorias para los vigiladores. Sin embargo, la implementación de estos dispositivos en manos de personal civil puede derivar en excesos y vulneraciones de derechos. En paralelo, el gobernador ya había impulsado la compra de 500 Taser para la Policía, reforzando una visión punitivista y de mano dura en la gestión de la seguridad.

Esta decisión no sólo plantea dudas sobre el control y la regulación de estas herramientas de inmovilización, sino que también abre la puerta a un modelo de seguridad privatizado, donde empresas y particulares pueden asumir funciones tradicionalmente reservadas a las fuerzas policiales. ¿Quién supervisará el uso de estas armas? ¿Qué garantías existen para evitar abusos?.