La administración del gobernador neuquino intensifica su compromiso con la transparencia y eficiencia en el sector público, evaluando la conducta de empleados estatales. Los despidos de “ñoquis” e “incumplidores” ya son una marca de su gestión.
El gobierno de la provincia de Neuquén, liderado por Rolando Figueroa, mantiene actualmente 307 expedientes activos para determinar si empleados de diversos organismos estatales han incurrido en faltas que ameriten sanciones. Esta iniciativa es parte de la política de «tolerancia cero» implementada desde su asunción en diciembre de 2023, que ya ha resultado en destituciones en ministerios, dependencias descentralizadas y en la Policía.
Las destituciones se han producido por diversas razones, incluyendo inasistencias injustificadas que evidenciaron abandono del cargo, indisciplinas, y casos de empleados con condenas judiciales que continuaban percibiendo salarios estatales durante la gestión anterior. En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, Figueroa enfatizó su compromiso con la austeridad y la lucha contra la corrupción, afirmando: «Vamos a seguir bajando los gastos de la política y vamos a profundizar el ordenamiento, hemos sido inflexibles en la tolerancia cero a la corrupción, se trate de quien se trate».
Entre los casos emblemáticos de esta política se encuentra el de Maximiliano Radrizzani, exdirector del Distrito Escolar I de Neuquén, quien fue exonerado por utilizar a una portera para labores domésticas en su domicilio. Otro caso notable es el de María José Acosta, exagente de la subsecretaría de Familia, acusada de negligencia en sus funciones al apropiarse indebidamente de fondos destinados a una persona con discapacidad bajo su curaduría.
Asimismo, en octubre del año pasado, la ex cabo María Celia Gómez fue destituida de la Policía tras ser acusada de adquirir préstamos y realizar compras en línea utilizando una tarjeta que no le pertenecía. Estos ejemplos reflejan la firmeza de la actual administración en sancionar conductas inapropiadas dentro del sector público.
Del total de expedientes en proceso, 63 están en fase de investigación con instructor sumariante designado, 104 esperan la asignación de instructor y 140 se encuentran en control de legalidad. Estas acciones evidencian el compromiso del gobierno provincial con la transparencia y la eficiencia en la gestión pública, buscando garantizar que los empleados estatales cumplan con sus responsabilidades y estándares éticos.
El Repulicano 