En el marco de su política de tolerancia cero a la corrupción y las irregularidades en la administración pública, la gestión del gobernador neuquino desestimó los pedidos de perdón administrativo presentados por tres ex agentes estatales.
Con esta decisión, la gestión de Rolando Figueroa endurece su postura contra la corrupción y busca enviar un mensaje claro: no habrá reincorporaciones para quienes hayan quebrado las normas del servicio público.
Uno de los casos corresponde a Eva Ester Quiroga, quien fue desvinculada tras haberse ausentado de manera injustificada durante extensos períodos entre 2017 y 2018. Pese a su intento de justificar las faltas por motivos personales y a su cambio de funciones en distintas dependencias del Estado, la investigación interna concluyó que incurrió en abandono de cargo. Su pedido de reincorporación, presentado en octubre de 2023, fue rechazado esta semana.
Otro caso es el de Pedro Agustín Aranda, quien formó parte de la planta política de la Secretaría del Interior y Gobiernos Locales desde diciembre de 2019. Fue separado del cargo en julio de 2024 por bajo rendimiento laboral, según consta en el expediente. Aunque argumentó que no se respetó su derecho a defensa y calificó su desvinculación como arbitraria, su solicitud de volver a su puesto fue denegada por la actual administración.
El tercer pedido de perdón administrativo fue el de Ariel Gustavo Luna, un ex agente policial de Cutral Co. Luna acumuló 70 días de arresto policial en menos de un año, lo que motivó su cesantía por disposición reglamentaria. En su descargo, sostuvo que había sido trasladado y luego asignado a tareas livianas tras sufrir lesiones en el cumplimiento de su deber. No obstante, la fuerza resolvió que su historial disciplinario ameritaba su expulsión, y su intento de reincorporarse también fue desestimado.
Desde Casa de Gobierno indicaron que estas decisiones se enmarcan en una política integral para reforzar la disciplina interna, erradicar actos de corrupción y eliminar gastos innecesarios del Estado, en un contexto de revisión profunda del funcionamiento del sector público.
Sin embargo, los escándalos no cesan. En Villa La Angostura, una ex trabajadora de la Secretaría de Turismo fue cesanteada tras descubrirse que operaba una casa de cambio clandestina dentro de su oficina, donde realizaba transacciones con dólares y otras divisas extranjeras. La mujer fue denunciada internamente y sancionada por su responsabilidad administrativa en las operaciones. Lejos de aceptar la medida, inició una demanda sumarísima contra el Municipio, alegando persecución laboral por su rol gremial.
La administración de Figueroa sostiene que estos casos no son aislados y que se continuará con la revisión de legajos y procedimientos para garantizar el buen funcionamiento del Estado y preservar la confianza pública en las instituciones.
El Repulicano 