El gobierno de Neuquén, encabezado por Rolando Figueroa, tomó nuevas medidas para avanzar en su política de tolerancia cero dentro del Estado. Esta vez, fueron exonerados dos agentes de la administración pública que habían sido condenados penalmente: un portero sentenciado por abuso sexual y una enfermera que robó y vendió vacunas destinadas a niños.
El primer caso es el de Edgardo Caitruz, auxiliar de servicio en el Centro Provincial de Enseñanza Media N°14 de Aluminé. El Consejo Provincial de Educación (CPE) le había iniciado un sumario administrativo en junio de 2023 tras denuncias de abuso y acoso sexual hacia sus compañeras. La justicia lo condenó por abuso sexual continuado a dos años y medio de prisión en suspenso. En lo administrativo, incumplió con normas básicas de conducta exigidas para los empleados públicos, por lo que finalmente el gobernador convalidó su exoneración.
El segundo caso es el de Graciela Itatí García, enfermera del Centro de Salud Taquimilán, dependiente del Hospital de Chos Malal. Fue condenada por peculado luego de que se comprobara que, entre agosto y octubre de 2024, robó vacunas contra el virus del papiloma humano para luego venderlas por 320.000 pesos en la localidad de Las Lajas. La justicia le impuso dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El Ministerio de Salud provincial tramitó su baja automática del sistema.
Estos despidos se suman a una larga lista de exoneraciones recientes en la provincia, que incluyen casos de ñoquis, indisciplinados y empleados involucrados en irregularidades. Desde el gobierno remarcan que la decisión responde al compromiso de recortar privilegios, reforzar la transparencia y garantizar que quienes trabajan en el Estado cumplan con los estándares éticos y legales exigidos.
“Quienes tienen antecedentes penales no pueden ocupar cargos en la administración pública. No vamos a tolerar ni el abuso ni el robo, ni ninguna otra falta grave”, señalaron fuentes cercanas al Ejecutivo.
La gestión de Figueroa viene promoviendo una serie de ajustes internos para depurar la estructura estatal, con la promesa de garantizar que el empleo público esté alineado con los valores de servicio, responsabilidad y respeto hacia la ciudadanía.







