En 2024, casi la mitad de los argentinos identificó la salud mental como el principal desafío sanitario del país, por encima de enfermedades físicas, adicciones y problemas de sueño. Alrededor del 70 % declara pensar frecuentemente en su bienestar psicológico, y solo un escaso 39 % afirma sentirse bien o muy bien tanto mental como físicamente, la peor proporción en la región.

Según un estudio reciente, casi el 10 % de la población enfrenta riesgo de trastornos mentales, especialmente entre jóvenes y sectores vulnerables, y el 45 % sufre alteraciones del sueño. El acceso a tratamiento es limitado: menos del 30 % recibe atención profesional, aunque el 50 % admite necesitarla, siendo el costo la principal barrera.

La infraestructura para responder a esta demanda es amplia en cantidad pero desigual en calidad: Argentina cuenta con una densidad de profesionales de la salud mental entre las más altas del mundo (más de 200 psicólogos por cada 100.000 habitantes), y más de 15 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Aún así, la distribución geográfica y la cobertura efectivamente disponible en áreas públicas sigue siendo fragmentada.

La situación económica y social también impacta profundamente: en 2023, se registraron más de 4.100 suicidios, un incremento cercano al 6 % respecto al año anterior, y los adolescentes constituyen un grupo de especial riesgo, con dos muertes por suicidio confirmadas en Entre Ríos durante los últimos dos años. Además, el 75 % de las personas declara experimentar privación de sueño o insomnio.

El país emprendió avances institucionales: desde la ley nacional de salud mental en 2010 y la estrategia federal de asignación de recursos, hasta la adhesión a iniciativas de la OMS y la creación de planes provinciales que promueven el cuidado comunitario, la desmanicomialización y la integración con la atención primaria. Buenos Aires, por su parte, cerró varias salas psiquiátricas y destinó subsidios para trasladar a usuarios hacia internaciones breves o comunidades de apoyo.

No obstante, el gran desafío sigue siendo escalar estas políticas de manera homogénea, especialmente en el interior, y reducir las brechas de acceso. Más de un tercio de quienes necesitan ayuda no pueden costearla y el sistema de salud pública aún padece falta de recursos y personal en áreas críticas.

En conclusión, Argentina enfrenta una situación compleja en salud mental: altas tasas de malestar y crisis psicológicas, pero también cuenta con una red de profesionales extensa y un marco legal avanzado. El camino hacia una cobertura real e inclusiva dependerá de garantizar financiamiento, fortalecer servicios comunitarios y priorizar políticas que conecten la infraestructura con las necesidades reales de la población.