La empleada del Ministerio de Economía acumuló ausencias alternadas durante ocho meses, lo que derivó en un sumario administrativo y su posterior desvinculación, reafirmando el compromiso del gobierno neuquino con la responsabilidad y el buen funcionamiento del Estado.
La política de tolerancia cero sigue marcando el rumbo en la administración pública de Neuquén. El gobierno provincial anunció recientemente el despido de una empleada de planta permanente del Ministerio de Economía, que acumuló múltiples inasistencias injustificadas durante varios meses, aunque de manera alternada. Esta medida se suma a una serie de acciones similares tomadas desde que el gobernador Rolando Figueroa impulsó un control estricto sobre las conductas dentro del Estado.
Desde que se implementó esta política, se intensificaron los controles y se aceleraron los procesos administrativos para sancionar casos de corrupción o faltas graves. Así, la gestión busca mantener un funcionamiento eficiente y transparente, con especial atención a quienes incumplen sus obligaciones laborales o incurren en conductas inapropiadas. En este contexto, la ex agente Ana María Torres fue sometida a un sumario tras detectarse reiteradas ausencias injustificadas durante ocho meses en 2023.
El proceso incluyó una declaración indagatoria, donde la ex empleada hizo uso de su derecho a no declarar, pero la investigación continuó con el análisis exhaustivo de pruebas. Finalmente, en febrero de 2024, se presentaron cargos que la responsabilizaban por la falta, y en agosto la Junta de Disciplina recomendó por unanimidad la cesantía como sanción correspondiente. Esta decisión reflejó el compromiso de la administración por sancionar con rigor a quienes no cumplen con sus deberes.
Además de la destitución, se ordenó iniciar acciones para recuperar las sumas abonadas indebidamente durante los períodos de ausencia. La Junta de Disciplina fue clara al señalar que esos pagos no correspondían, ya que la agente no prestó servicios durante esos días, por lo que nunca debió percibir esos salarios. En caso de no recuperar los montos, el gobierno remitirá el caso a la Fiscalía de Estado para investigar un posible enriquecimiento ilícito.
Esta medida ejemplifica la línea firme adoptada por la gestión de Figueroa, que no solo avanza contra la corrupción y la inconducta sino que también garantiza el correcto uso de los recursos públicos, buscando así fortalecer la confianza en la administración y mejorar la calidad del servicio a la ciudadanía.
El Repulicano 