El gobernador Alfredo Cornejo se encargó de generar un espacio de debate abierto para garantizar la transparencia en el proyecto. El mismo consiste de un plan controlado para el desarrollo minero del cobre,  siguiendo los estándares de minería responsable a nivel nacional e internacional sobre sostenibilidad.

El gobernador aseguró que la audiencia pública, abierta para todos y con transmisión virtual por Zoom y Youtube, permite afianzar las reglas claras y el compromiso ambiental en la provincia. Además, el Gobierno dispuso transporte gratuito y conectividad satelital para que nadie se quede fuera del debate.

El Gobierno de Mendoza intensificó su compromiso con la participación ciudadana mediante la apertura de una audiencia pública para discutir el proyecto minero PSJ Cobre Mendozino. Esta iniciativa, impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo, busca establecer un espacio de diálogo transparente en torno al desarrollo de la minería del cobre, bajo estrictos lineamientos de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

El proyecto propone una explotación minera controlada que sigue los estándares nacionales e internacionales en materia de minería responsable. El objetivo, según indicaron desde el Ejecutivo, es combinar el aprovechamiento de los recursos naturales con el cuidado del ambiente y el respeto por las comunidades locales.

La audiencia pública, abierta a toda la ciudadanía, se transmite en vivo por Zoom y YouTube, garantizando el acceso remoto desde cualquier punto de la provincia. Esta herramienta se convierte en una vía directa para que la población participe activamente en las decisiones que impactan en el desarrollo productivo de Mendoza.

Para asegurar una participación inclusiva, el Gobierno provincial también habilitó transporte gratuito y conectividad satelital en zonas alejadas, con el propósito de que ningún ciudadano quede excluido del proceso de consulta. Cornejo remarcó que “el desarrollo solo es posible con reglas claras y compromiso ambiental”, y que este tipo de instancias refuerzan la legitimidad de las decisiones públicas.