Este miércoles comenzará en el Congreso el proceso para nombrar nuevas autoridades en la Defensoría del Pueblo, un organismo clave para la defensa de los derechos humanos. El cargo está vacante desde 2009 y la Corte Suprema exhortó recientemente al Poder Legislativo a cubrirlo.

El Congreso Nacional iniciará este miércoles el proceso de designación de autoridades para la Defensoría del Pueblo, tras más de 15 años sin nombramientos en ese organismo. La decisión llega luego del exhorto de la Corte Suprema de Justicia, que a fines de agosto instó al Poder Legislativo a cumplir con su deber institucional y cubrir los cargos vacantes desde 2009.

La Defensoría del Pueblo es un organismo autónomo cuya misión es promover, proteger y defender los derechos humanos en todo el país. Además, es la única institución argentina con reconocimiento oficial de Naciones Unidas como Institución Nacional de Derechos Humanos. A pesar de su importancia, permanece sin conducción formal desde hace más de una década y media.

El Defensor del Pueblo es designado y puede ser removido por el Congreso mediante una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras, y su mandato tiene una duración de cinco años. El último en ocupar el cargo fue el peronista Eduardo Mondino, quien estuvo al frente entre 1999 y 2009. Antes que él, el único defensor había sido Jorge Luis Maiorano.

Creada por ley en 1993 y con rango constitucional desde la reforma de 1994, la Defensoría tuvo solo dos autoridades en toda su historia. Diversas organizaciones civiles vienen cuestionando la falta de avances en su renovación, en especial por el rol estratégico que cumple frente a los abusos del poder y la protección de los sectores más vulnerables.