Tras el escándalo por los audios que involucran a dos herederos del grupo Suizo Argentina, una serie de documentos revela el entramado societario que rodea a los Kovalivker. Aumentos de capital, redes de empresas y movimientos financieros.

El 22 de agosto, una serie de allanamientos en Nordelta puso bajo el foco judicial a Jonathan y Emanuel Kovalivker, integrantes de la familia dueña de la droguería Suizo Argentina. Uno de ellos fue sorprendido con más de 260 mil dólares y siete millones de pesos en efectivo. El operativo ocurrió en el marco de una causa que investiga si actuaban como presuntos recaudadores de coimas para funcionarios cercanos a la Secretaría General de la Presidencia.

Documentos registrales y actas societarias muestran que, más allá del negocio farmacéutico, los Kovalivker manejaban una red de sociedades que abarca rubros tan diversos como logística, organización de eventos, inversiones y hasta concesionarias. Jonathan aparece como presidente o gerente en múltiples firmas, con frecuentes aumentos de capital y cambios de domicilio registrados ante la IGJ, lo que sugiere una estructura patrimonial en expansión.

Entre las empresas vinculadas figuran Log In Farma SRL, habilitada por la ANMAT como operador logístico; RS Eventos SRL, creada en Salta; y otras como JK SAS, Il Cavallino SRL y Unicred Securities SA. Según datos de Nosis, el árbol societario vinculado al clan tiene al menos 49 ramificaciones entre empresas, socios y directores, y una notable coincidencia con nombres ligados a contratos públicos. A esto se suma una deuda personal declarada por Jonathan de más de $34 millones y compromisos financieros mensuales por encima de los $2 millones.

La fiscalía ahora intenta determinar si estas estructuras fueron utilizadas para canalizar fondos provenientes del Estado mediante subcontrataciones y posibles triangulaciones. Se analizan movimientos bancarios, operaciones en efectivo y documentación contable. Mientras tanto, la causa sigue bajo secreto de sumario, con pericias sobre celulares, respaldo de datos y la intervención de la ONG Poder Ciudadano como querellante.