Argentina se encuentra en una etapa clave para definir su modelo energético de cara a las próximas décadas. El país cuenta con una matriz basada principalmente en combustibles fósiles, donde el gas natural representa alrededor del 55% de la generación eléctrica, según datos de la Secretaría de Energía. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado la participación de las energías renovables, que actualmente aportan cerca del 18% de la electricidad consumida a nivel nacional. Este crecimiento responde a inversiones en parques eólicos y solares, especialmente en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Jujuy y San Juan.

El potencial de Argentina en materia de energías limpias es considerable. Según un informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA), el país tiene capacidad para convertirse en un actor regional relevante en energía solar y eólica gracias a sus condiciones geográficas y climáticas. El norte argentino ofrece uno de los niveles más altos de radiación solar del mundo, mientras que la Patagonia se destaca por sus vientos constantes, con factores de capacidad que superan el promedio global. Este escenario abre la posibilidad de desarrollar proyectos de exportación de energía y de hidrógeno verde, un sector en pleno crecimiento a nivel mundial.

El gas natural sigue siendo una pieza estratégica en la transición energética. Con el desarrollo de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de shale gas y shale oil del planeta, Argentina busca no solo abastecer su demanda interna sino también aumentar sus exportaciones. Durante el primer semestre de 2025, la producción de gas creció un 8,3% interanual, impulsada por nuevas inversiones y mejoras en la infraestructura de transporte. No obstante, los desafíos logísticos y la necesidad de financiamiento externo continúan limitando el pleno aprovechamiento de este recurso.

En términos económicos, la transición hacia una matriz más limpia requiere inversiones significativas. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Argentina necesitaría alrededor de 15.000 millones de dólares anuales durante la próxima década para cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. Estas inversiones no solo se destinarían a generación renovable, sino también a modernizar redes eléctricas, impulsar la movilidad sostenible y mejorar la eficiencia energética en la industria y el consumo residencial.

Las políticas públicas juegan un rol fundamental en este proceso. En los últimos años se implementaron programas como RenovAr y el Régimen de Fomento para la Generación Distribuida, que facilitaron el crecimiento inicial de las energías renovables. Sin embargo, la inestabilidad macroeconómica y la falta de previsibilidad regulatoria han frenado el ingreso de nuevos proyectos. Los expertos señalan que es clave establecer un marco legal claro y de largo plazo que genere confianza en los inversores y permita planificar el desarrollo del sector energético.

De cara al futuro, la transición energética representa una oportunidad para diversificar la economía y generar empleo de calidad. Se estima que la expansión de las energías renovables podría crear más de 300.000 puestos de trabajo en la próxima década, especialmente en regiones del interior del país. Sin embargo, este proceso también implica desafíos, como la reconversión laboral en sectores vinculados a los combustibles fósiles y la necesidad de garantizar un acceso equitativo a la energía. El éxito de esta transformación dependerá de la capacidad del país para articular políticas públicas, inversión privada y participación social en la construcción de un modelo energético sostenible.