El gobierno interino de Perú, encabezado por José Jerí, declaró el estado de emergencia en Lima y el Callao debido a la creciente ola de inseguridad y una crisis política que llevó a la destitución de la expresidenta Dina Boluarte el 10 de octubre. La medida, que entró en vigor el 22 de octubre, se extenderá por 30 días y permite la militarización de las calles, restringiendo derechos como la libre circulación en motocicletas y la realización de reuniones públicas.

La decisión responde a un aumento significativo de la criminalidad, con un incremento en las denuncias de extorsión que pasaron de 2.396 en 2023 a más de 17.000 en 2024. Además, las protestas masivas del 15 de octubre, que resultaron en un muerto y más de 100 heridos, reflejan el descontento popular frente a la situación actual. A pesar de que entre marzo y julio ya se había implementado un estado de emergencia en la capital y el Callao, los niveles de inseguridad no disminuyeron, lo que llevó al gobierno a reforzar las medidas.

La militarización de las calles busca enfrentar el avance del sicariato y las organizaciones criminales que afectan la seguridad ciudadana. Sin embargo, la medida también ha generado preocupación por posibles restricciones a las libertades civiles y el respeto a los derechos humanos en el país.