La Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtió que las extensas prisiones preventivas en causas por delitos de lesa humanidad deben estar debidamente justificadas con pruebas concretas de riesgo procesal.

El fallo se dio en el caso de Carlos Ernesto Castillo, conocido como “El Indio”, un civil de 72 años que integró la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y permanece detenido desde diciembre de 2013. Su prisión preventiva fue prorrogada nuevamente en mayo de 2025, sumando casi doce años, pese a que la ley fija un límite de tres.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y los conjueces Abel Sánchez Torres y Alejandro Tazza recordaron que “un Estado de Derecho no puede transgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo”. Enfatizaron que la gravedad del delito no basta para prolongar una medida de este tipo, y que debe demostrarse riesgo real de fuga o entorpecimiento de la causa.

Si bien Castillo tiene otra condena a prisión perpetua, la Corte cuestionó el accionar de la Cámara Federal de Casación Penal por no analizar el exceso en la prisión preventiva. El fallo sienta una posición institucional sobre la necesidad de limitar este tipo de detenciones y reforzar el respeto a las garantías procesales.