Durante una inspección, la Policía Ambiental Minera detectó incumplimientos a la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas peligrosas y exige un Informe de Impacto Ambiental con aprobación legislativa, y ordenó la suspensión inmediata de las actividades. La medida busca prevenir riesgos y garantizar el cuidado del ambiente en Mendoza.

Según informaron las autoridades, en el lugar se constataron irregularidades vinculadas al manejo de sustancias y a la falta de la documentación ambiental requerida. Estas falencias representan un riesgo potencial para los recursos naturales, en especial para el agua, uno de los bienes más protegidos por la legislación mendocina.

La medida adoptada busca prevenir daños ambientales y reforzar el control estatal sobre la actividad minera en la provincia. Desde el Gobierno señalaron que las tareas permanecerán suspendidas hasta que la empresa regularice su situación y cumpla estrictamente con la normativa vigente, en línea con el objetivo de garantizar el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible en Mendoza.