Los cambios fueron oficializados por decreto y amplían las restricciones para contratar con el Estado con el objetivo de reforzar la integridad, la transparencia y el control del gasto público.

El Gobierno nacional modificó el régimen de contrataciones públicas para obra, bienes y servicios e incorporó nuevas limitaciones que impiden participar a empresas involucradas en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas. Las modificaciones quedaron establecidas en el decreto 5, publicado este martes en el Boletín Oficial.

A partir de la nueva normativa, los organismos estatales deberán verificar que los oferentes no figuren en los registros de inhabilitados elaborados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde el Ejecutivo remarcaron que la contratación pública debe realizarse bajo criterios de integridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, y justificaron la medida en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control.

En el texto oficial, el Gobierno advirtió que la corrupción erosiona la confianza en las instituciones, distorsiona el uso de los recursos públicos y perjudica el desarrollo económico. En ese marco, subrayó el rol del Estado para prevenir y sancionar el cohecho transnacional mediante herramientas penales, civiles y administrativas, entre ellas la exclusión o inhabilitación de empresas en los procesos de adjudicación de contratos públicos.