La audiencia pública del proyecto PSJ Cobre Mendocino, impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo, marcó un récord en la historia de la provincia. Contó con más de 9 mil participantes, de los cuales 6378 se mostraron a favor de la obra. La provincia garantizó transparencia, acceso a la información y pluralidad a la hora de realizar la evaluación del impacto ambiental.

La reciente audiencia pública por el proyecto PSJ Cobre Mendocino, en Mendoza, significó un hecho histórico por su nivel de participación y por la transparencia con la que se llevó adelante. Impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo, la convocatoria superó todas las expectativas al registrar más de 9 mil participantes, un número récord en la provincia. Este alto grado de involucramiento ciudadano refleja el interés social en la discusión sobre el desarrollo minero y el impacto ambiental que puede generar.

De los miles de aportes recibidos, 6378 manifestaron su apoyo a la obra, lo que demuestra un consenso mayoritario en torno a la necesidad de diversificar la matriz productiva mendocina y aprovechar el potencial económico del cobre. Sin embargo, también se registraron voces críticas, lo que confirma que la instancia permitió la expresión de diferentes perspectivas y enriqueció el debate. En este sentido, el proceso no se limitó a una formalidad, sino que se convirtió en un espacio real de intercambio democrático.

La provincia garantizó plena transparencia y acceso a la información, brindando materiales, datos técnicos y mecanismos de participación que permitieron a la ciudadanía conocer los alcances del proyecto. La evaluación del impacto ambiental fue presentada de manera clara, con criterios abiertos a la revisión pública, lo que fortaleció la credibilidad institucional y evitó suspicacias en torno a la toma de decisiones.

Este proceso marca un precedente positivo para la democracia participativa en Mendoza, al demostrar que los proyectos de gran envergadura pueden gestionarse con pluralidad y diálogo. La audiencia pública no solo legitimó la discusión sobre la minería, sino que también envió un mensaje contundente: cuando el Estado abre canales de participación y garantiza información confiable, la ciudadanía responde con compromiso y se fortalece la confianza en las instituciones.