El Consejo de la Magistratura acusó al juez federal de San Isidro, Martín Poderti, por presunto mal desempeño, a raíz de la desaparición de 144 monedas de oro que estaban bajo su custodia cuando se desempeñaba como secretario en ese mismo juzgado.

El expediente determinó que el magistrado ingresó a la caja en al menos 19 oportunidades sin dejar constancia en los registros, incluso durante períodos de licencia. Un peritaje bancario confirmó que no hubo signos de forzamiento ni de apertura fraudulenta, lo que refuerza la sospecha de que la sustracción ocurrió sin intervención externa. Por este hecho, Poderti está procesado penalmente por malversación de caudales públicos, con una resolución confirmada en dos instancias.

La acusación del Consejo sostuvo que la evidencia es “directa y contundente”, al señalar que el acceso exclusivo, la ausencia de registros y el faltante de las monedas constituyen un quiebre en la confianza pública y una pérdida de idoneidad para ejercer el cargo.

La defensa del juez argumentó que los hechos ocurrieron antes de su designación como magistrado y que, por lo tanto, no debería ser juzgado ahora. También alegó deficiencias de control en el juzgado, la posible participación de terceros y la inexistencia de un enriquecimiento personal. Poderti negó haber sustraído las monedas y sostuvo que su desempeño fue siempre intachable.

El Consejo deberá resolver si la falta de custodia de los bienes judiciales configura un caso de mal desempeño suficiente para su remoción, independientemente del resultado del proceso penal. La discusión se centra en el plano ético e institucional: la preservación de la confianza pública y la integridad en la función judicial.